El recuento en curso en las elecciones al Senado de Estados Unidos en Pensilvania marca el final de un caótico período poselectoral que se ha convertido en el último ejemplo de cómo las reglas electorales disputadas pueden exponer puntos débiles en una función central de la democracia estadounidense.
El proceso de recuento de votos en la carrera entre el actual senador demócrata Bob Casey y el republicano David McCormick se ha convertido en un espectáculo de reuniones de la junta electoral que duran horas, indignación en las redes sociales, demandas y acusaciones de que algunos funcionarios del condado están violando abiertamente la ley.
La Associated Press declaró vencedor a McCormick el 7 de noviembre, tras concluir que no quedaban suficientes votos por contar en las áreas en las que Casey estaba ganando para que él tomara la delantera. NBC News aún no ha declarado vencedor a McCormick debido a que la contienda está muy reñida y aún quedan votos pendientes.
Mientras la campaña se encamina hacia un recuento, que debe concluir el próximo martes, los republicanos han estado afirmando que los demócratas están tratando de robarle el escaño a McCormick contando “votos ilegales”. La campaña de Casey ha dicho que los republicanos están tratando de bloquear suficientes votos para evitar que avance y gane.
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Gran parte de la disputa se ha centrado en el requisito de la fecha en el sobre de devolución que contiene la boleta de voto por correo.
Los republicanos afirman que la ley estatal y los precedentes judiciales son claros y que las papeletas de voto por correo deben desecharse si sus sobres no cumplen los criterios. Los demócratas insisten en que las papeletas no deben desecharse por lo que ellos llaman tecnicismos.
Varias juntas electorales del condado controladas por los demócratas han estado contando las papeletas enviadas por correo en las que el votante escribió la fecha incorrecta en el sobre de devolución o no escribió ninguna, a pesar de que la Corte Suprema del estado dijo apenas unos días antes de la elección que dichas papeletas no deberían contarse.
El lunes, el tribunal superior, de mayoría demócrata, reafirmó su autoridad y decidió por 4 votos a 3 anular los litigios activos en los tribunales del condado y ordenar a las juntas electorales locales que obedezcan los fallos anteriores que decían que esas papeletas no se pueden agregar al recuento.
“Sólo los tribunales, en virtud de nuestra Carta, pueden declarar inconstitucional una ley o una disposición de la misma”, escribió el juez Kevin Brobson, republicano.
Algunos demócratas habían dicho que el tema había sido una zona gris legal antes del fallo del lunes. Las juntas electorales de mayoría demócrata en el condado de Montgomery, Filadelfia y el condado de Bucks habían votado a favor de contar las papeletas que carecían de una fecha correcta, mientras que los republicanos habían dicho que incluir una fecha es un elemento crítico para la seguridad de las papeletas.
Omar Sabir, presidente de la junta electoral de Filadelfia, señaló que un juez del condado había ordenado recientemente a la junta contar dichas papeletas en una demanda derivada de una elección especial de septiembre.
"Creo que nosotros, como comisionados, tenemos la discreción de decidir qué votos pueden contar, y ese es nuestro derecho según el estatuto de Pensilvania", dijo Sabir el martes.
Pero fue una declaración de un comisionado demócrata del condado de Bucks, un condado políticamente inestable y densamente poblado justo al norte de Filadelfia, lo que provocó indignación en las redes sociales y amenazas de represalias legales por parte de los republicanos.
En una reunión celebrada la semana pasada, la comisionada del condado de Bucks, Diane Ellis-Marseglia, demócrata, votó a favor de contar las papeletas provisionales a las que les faltaba una de las dos firmas de votantes requeridas. Lo hizo después de que un fiscal del condado le dijera que la Corte Suprema del estado ya había dictaminado que esas papeletas no se podían contar.
“Todos sabemos que en este país los precedentes judiciales ya no importan y que la gente viola las leyes cuando quiere”, afirmó. “Así que, para mí, si violo esta ley es porque quiero que un tribunal le preste atención. No hay nada más importante que contar los votos”.
El video de su declaración se difundió rápidamente entre los conservadores, a menudo presentándolo erróneamente como una justificación de una votación separada de la junta electoral del condado de Bucks para contar las papeletas de voto por correo que llegaron a las oficinas electorales locales en sobres sin fecha o con fecha incorrecta.
“Esta es una violación flagrante de la ley y tenemos la intención de combatirla en cada paso del camino”, escribió Lara Trump, nuera del presidente electo Donald Trump y copresidenta del RNC, en una publicación en X que recibió 1,2 millones de visitas.
Ellis-Marseglia no devolvió una llamada para aclarar lo que quería decir, pero el presidente de la junta del condado, el demócrata Bob Harvie, dijo en una declaración que los comisionados habían votado para proteger los derechos de los votantes, no para influir en una elección.
La controversia sobre las decisiones de algunos demócratas de tomar medidas que parecían contradecir la ley de Pensilvania provocó disputas similares en varios otros estados sobre el papel de las juntas electorales locales en la certificación de los resultados. Algunos republicanos que integran esas juntas en los últimos años han votado en contra de la certificación sin ninguna evidencia de problemas o irregularidades, y lo hicieron a pesar de su deber según la ley estatal.
Los ataques a la certificación iniciados en 2020 por el entonces presidente Donald Trump y sus aliados suscitaron preocupaciones de que los partidarios de las juntas electorales locales pudieran bloquear la voluntad de los votantes sin justificación. Las medidas llevaron a varios estados liderados por demócratas a aprobar leyes que aclaraban el proceso.
En Pensilvania, los republicanos criticaron rápidamente a los demócratas locales que votaron a favor de aceptar las papeletas enviadas por correo que llegaron en sobres sin fecha o con fecha incorrecta. El presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Whatley, las calificó de “corruptas y despreciables”.
“Este es el tipo de conducta que socava la confianza en las elecciones”, dijo Whatley a los periodistas en una conferencia telefónica. “Cuando los funcionarios electorales eligen en el último minuto qué reglas seguir y cuáles ignorar, eso naturalmente lleva a los votantes a perder la confianza en el proceso”.
Cuando se le preguntó si cree que algunos funcionarios del condado podrían enfrentar consecuencias legales, Whatley dijo que los republicanos estaban explorando opciones y que "perseguirían esto hasta el máximo grado que pudiéramos".
Incluso si el proceso de recuento de votos este año es caótico, podría producir un resultado duradero.
Los desafíos legales podrían llevar a decisiones judiciales que dicten en futuras elecciones qué votos pueden y no pueden contarse, dijo Jeff Reber, un republicano que preside el comité de reforma electoral de la asociación estatal que representa a los comisionados del condado.
“Nadie cree que el recuento vaya a cambiar el resultado de las elecciones”, afirmó. “La verdadera batalla es qué votos se contarán, porque esa podría ser una decisión que siente un precedente”.
