MIAMI, Florida — Un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes exhortó al gobierno del presidente Joe Biden a suspender toda la asistencia de seguridad federal a Perú debido a un “patrón de represión” contra las protestas antigubernamentales que ha derivado en la muerte de más de 50 civiles.
La carta, enviada el lunes y de la cual se compartió una copia con The Associated Press, exhorta al gobierno de Biden a suspender toda la asistencia de seguridad al país sudamericano hasta que pueda confirmar que la represión ha terminado y que los funcionarios peruanos responsables de violaciones a los derechos humanos están rindiendo cuentas.
El ministro de Exteriores de Perú está en Washington esta semana en un intento por obtener apoyo internacional para el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, cada vez más asediado. Boluarte, vicepresidenta en el gobierno del presidente Pedro Castillo, enfrenta creciente presión para que renuncie al cargo que heredó el mes pasado cuando Castillo fue destituido y arrestado por su fallido intento de clausurar el Congreso peruano.
“Las fuerzas de seguridad han respondido indiscriminadamente con casi ninguna consideración hacia los derechos humanos de los manifestantes”, se afirma en la carta, que fue firmada por 20 demócratas —la mayoría progresistas— de la cámara baja. “En lugar de trabajar para reducir las tensiones, el gobierno de Boluarte ha aumentado sustancialmente las tensiones, incluso al llamar ‘terroristas’ a los manifestantes y limitar el derecho de movilidad de los ciudadanos”.
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Estados Unidos entrega más de 40 millones de dólares al año a Perú en asistencia para la seguridad, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. La gran mayoría son para ayudar al país sudamericano a combatir el narcotráfico.
Aunque en un principio los manifestantes exigían que Castillo fuera liberado de la cárcel, la agitación se ha propagado por todo el país, y cuenta con el apoyo de muchos peruanos indígenas pobres que se han beneficiado poco del auge económico de Perú impulsado por la minería.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y del Congreso y que se organicen elecciones este año. Los legisladores rechazaron esa petición el viernes, pero después de que muriera otro manifestante y Boluarte les exhortara reconsiderar, el Congreso acordó el lunes por estrecho margen debatir una propuesta para que haya elecciones en octubre.
Mientras tanto, al extenderse las protestas a su segundo mes, las asediadas fuerzas de seguridad han hecho más uso de la fuerza.
Entre los incidentes mencionados en la carta organizada por la representante Susan Wild está la redada de la policía nacional a un dormitorio de estudiantes de la Universidad San Marcos en Lima, que incluyó el arresto masivo de casi 200 personas. El incidente generó indignación entre los peruanos porque, desde hace mucho tiempo, los campus han estado fuera del alcance de las fuerzas de seguridad, excepto cuando se cometen crímenes.
La invasión a la universidad provocó una dura condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dijo haber reunido testimonios de grupos de la sociedad civil que dicen que policías invadieron los dormitorios de líderes estudiantiles, hicieron comentarios racistas a activistas indígenas y obligaron a mujeres a desnudarse y hacer sentadillas.
Funcionarios de las Naciones Unidas y la Unión Europea han condenado enfáticamente lo que consideran el uso desproporcionado de la fuerza. El gobierno de Biden ha sido más moderado, al pedir investigaciones imparciales sobre los abusos y al mismo tiempo expresar su apoyo a los esfuerzos de Boluarte para restaurar la calma y encontrar una solución política.
En medio de la agitación, la embajadora estadounidense saliente Lisa Kenna anunció 8 millones de dólares adicionales en respaldo de Estados Unidos para las labores de erradicación de la coca en el alejado valle del Alto Huallaga. Ella también se ha reunido con el ministro de defensa y otros miembros del gabinete.
Ese tipo de acciones envían un “mensaje ambiguo”, señala la carta, la cual también fue firmada por la representante Alexandria Ocasio-Cortez, la representante Pramila Jayapal y el representante Jim McGovern, que desde hace tiempo ha expresado su apoyo a la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica.
“El gobierno estadounidense puede y debe hacer más”, escribieron. “Creemos que nuestras acciones propuestas enviarían una poderosa señal en apoyo de derechos fundamentales y ayudarán a promover una participación efectiva para alcanzar una solución política”.
Una copia de la misiva también fue enviada al secretario de Estado Antony Blinken y al secretario de Defensa Lloyd Austin.
