El hombre, de 39 años, habría cometido los actos por beneficio económico propio.
Hispano de Pensilvania se declaró culpable en relación con una conspiración para ayudar a contrabandear e inducir a docenas de inmigrantes de Sudamérica ilegalmente en los Estados Unidos para su propio beneficio económico.
César David Martínez-González, de 39 años y oriundo de Chester, Pensilvania, se declaró culpable ante el juez federal de distrito Gerald A. McHugh, según un comunicado enviado por la oficina de la fiscal federal Jacqueline C. Romero.
El objetivo de la conspiración fue para el beneficio económico personal de Martínez-González y de otras personas que se le unieron para contrabandear ilegalmente a los ciudadanos de países sudamericanos a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
Martínez-González entregó dinero a “coyotes” en México que guiaban a los inmigrantes a través del Río Grande y a través de agujeros en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, y les proporcionaba información para que se la dieran a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para que pudieran ser liberados, bajo libertad condicional, a sus residencias.
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Martínez-González luego pagó vuelos de avión para traer a los inmigrantes a Filadelfia y, una vez que llegaron, los transportaron a casas en Chester, Pensilvania y sus alrededores. El hispano acusado también ayudó a los inmigrantes a obtener identificaciones falsas.
En este punto, Martínez-González y sus asociados impusieron a los migrantes miles de dólares en "deudas" que le debían a él, que los indocumentados tenían que pagar trabajando largas horas mal pagados y perdiendo la mitad de sus salarios a favor del acusado.
Las deudas impuestas por el acusado eran muy superiores a lo que costó llevar a las personas a Chester y alojarlas allí, según indica la investigación.
Está previsto que Martínez-González sea sentenciado el 18 de marzo de 2025, y se enfrenta a una pena máxima posible de 120 años de prisión.
"Martínez-González se aprovechó de los inmigrantes vulnerables para su propio beneficio económico", dijo la fiscal federal Romero. “Él los indujo a venir a los Estados Unidos, luego les impuso miles de dólares en las llamadas ‘deudas’, que tuvieron que pagar con semanas o meses de trabajo. Mi oficina y nuestros socios seguirán persiguiendo a estos traficantes de personas, quienes se aprovechan de las poblaciones desfavorecidas y violan las leyes de inmigración de nuestro país”.
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