El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, perdió la demanda que buscaba detener la Ley 40, que pretende nombrar un procurador especial de parte de la oficina del fiscal general de Pensilvania para manejar delitos en propiedades de SEPTA.
El Tribunal de la Commonwealth rechazó el argumento de Krasner sobre que la ley, aprobada a finales del año pasado poruna combinación de republicanos y dmócratas en una Asamblea General, viola la constitución estatal.
Krasner presentó una demanda en enero 2024 argumentando que lo despojaba inconstitucionalmente de jurisdicción geográfica, eliminaba sus funciones procesales centrales y otros motivos.
La ley otorga al fiscal especial la capacidad de hacerse cargo de delitos “dentro” de SEPTA y, cuando eso ocurre, exige que el fiscal de distrito suspenda las investigaciones y los procedimientos, así como entregue los expedientes al nuevo funcionario.
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La aprobación de la normativa llegó en medio de preocupaciones de algunos sobre el crimen en Filadelfia y la creencia de que las políticas progresistas de Krasner han empeorado la situación. Por su parte, Krasner asegura que ha procesado la gran mayoría de los delitos que llegan a su oficina desde SEPTA.
El gobernador demócrata Josh Shapiro firmó la ley y se refirió a ella como "jurisdicción concurrente" que proporcionaría a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley herramientas adicionales para prevenir el crimen.
La oficina de la fiscal general Michelle Henry dijo al tribunal la semana pasada que estaba a punto de hacer una oferta de trabajo firme a un candidato. Se dejó un mensaje en busca de comentarios a su portavoz.
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henry tiene 30 días para nombrar al nuevo fiscal especial, quien no puede haber trabajado para esa oficina ni para la de Krasner en los últimos seis años. El salario de este nombramiento le sería reembolsado a Filadelfia por medio de una factura de la oficina de la procuraduría general de Pensilvania. Es el equivalente al dinero que genera Krasner.
Krasner está a la espera de otra determinación judicial de la Corte Suprema sobre si el senado estatal puede proceder con un juicio para destituirlo.
