Por lo menos otros 10 están heridos. Entre las más diversas críticas, la Fiscalía de México realiza una investigación.
CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el jueves que los militares implicados en el asesinato de seis migrantes en el sur de México están a disposición de la Fiscalía General de la República e insistió en que debe ser esa instancia la que lleve adelante la investigación del caso junto con la policía militar.
Al lamentar la muerte de los seis migrantes, Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que también se debe investigar “si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon”. “No puede repetirse una situación así”, agregó.
Los seis extranjeros fallecieron martes en el poblado sureño de Villa Comaltitlán, en el estado de Chiapas, luego de que una patrulla militar disparó contra una camioneta que intentó huir al ser interceptada, según informó la víspera en un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Detrás del vehículo iban dos camionetas de carga, indicó la Sedena, y acotó que en la persecución “personal militar manifestó escuchar detonaciones por lo que dos elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas”.
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Sobre los hechos, la fiscalía general informó el jueves en un comunicado que los militares llegaron al lugar tras ser alertados sobre “personas armadas” y que las tres unidades “se dieron a la fuga, a pesar de haber sido conminadas para que se detuvieran".
“En la persecución a dichos vehículos, el personal militar refiere que fueron agredidos por sus tripulantes; y por ello repelieron el ataque”, agrega el escrito.
La región donde ocurrieron los hechos, cercana a la frontera con Guatemala, es una ruta habitual para el tráfico de migrantes quienes suelen viajar hacinados en camiones de carga.
México
El Ejército confirmó que en el lugar murieron cuatro migrantes y dos más fallecieron.
¿De dónde eran los migrantes fallecidos?
La fiscalía precisó que entre los fallecidos había tres egipcios, un peruano y un hondureño, pero no precisó la nacionalidad de la sexta víctima. Más temprano, Sheinbaum mencionó que entre los muertos había personas originarias de El Salvador, Egipto y Perú.
Sobre los restantes migrantes que resultaron heridos e ilesos, la fiscalía informó que la mayoría han sido identificados como ciudadanos de Cuba, Nepal, Pakistán, India y Egipto y agregó que se solicitó a los consulados correspondientes el apoyo para la investigación y el auxilio de las víctimas.
La mandataria se abstuvo de responder cuando se le preguntó si en la camioneta tiroteada se encontraron armas y sólo indicó que los militares implicados en el hecho están a disposición de la Fiscalía, pero no ofreció detalles. Al respecto, el Ministerio Público dijo que el personal militar está bajo arresto e investigación de “sus propias autoridades” y que serán interrogados por fiscales federales.
La Sedena anunció la víspera que por el caso están siendo investigados dos militares que fueron separados de sus cargos.
En México, cualquier incidente en el que estén implicados civiles está sujeto a enjuiciamiento civil, pero los militares también pueden enfrentarse a consejos de guerra por esos delitos.
Perú exige una investigación urgente
Perú condenó enérgicamente los hechos y anunció que exigirá a México una “urgente investigación que esclarezca y determine responsabilidades”.
Perú y México mantienen relaciones diplomáticas a nivel de encargado de negocios tras las fricciones entre el anterior presidente mexicano y la mandataria peruana Dina Boluarte.
En febrero de 2023 Perú retiró a su embajador en México luego que el expresidente Andrés Manuel López Obrador llamó “presidenta espuria” a Boluarte. En diciembre de 2022 la peruana había expulsado al embajador mexicano en Lima luego de asumir el poder en medio de protestas sociales que pedían su renuncia y que dejaron decenas de muertos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones expresaron sus condolencias por el hecho y, en un mensaje en redes sociales, recordaron que “las personas en movilidad están expuestas a grandes riesgos durante su trayecto, por eso es indispensable contar con vías legales de acceso, tránsito e integración para evitar tragedias como ésta”.
En un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano rechazó el “uso desproporcionado de la fuerza letal” de los agentes del Estado contra el grupo de migrantes, y dijo que “esta tragedia surge no como un hecho aislado, sino consecuencia de la militarización de la política migratoria, y una mayor presencia de fuerzas armadas en la frontera sur del país”.
La cúpula eclesiástica planteó en el escrito que ante la gravedad de los hechos y al existir un contexto de “violación sistemática de derechos humanos", el Estado mexicano está obligado a realizar una "investigación seria", imparcial y efectiva", y agregó que de no hacerlo estaría comprometiendo su responsabilidad internacional.
Asimismo, solicitaron a las autoridades medidas “de no repetición” para limitar la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, control y revisión migratoria a “situaciones excepcionales”.
No es la primera ocasión en que militares persiguen y disparan a vehículos en los que se trafica migrantes, dejando como saldo muertos y heridos.
En 2021, en la misma zona donde ocurrió el martes la persecución, un ciudadano cubano murió y cuatro migrantes resultaron heridos por disparos de agentes de la Guardia Nacional cuando viajaban en una camioneta.
