RÍO DE JANEIRO — Un ministro del Supremo Tribunal Federal autorizó el viernes incluir al expresidente Jair Bolsonaro en su investigación para determinar quién incitó los disturbios del 8 de enero en la capital de Brasil, parte de una serie de medidas adoptadas para que las partes involucradas rindan cuentas.
Según el texto de su fallo, el juez Alexandre de Moraes concedió la solicitud de la Fiscalía General, la cual mencionó un video que Bolsonaro publicó en Facebook dos días después de la revuelta.
En el video se afirmaba que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no obtuvo el puesto por mayoría de votos, sino que más bien fue elegido por el Supremo Tribunal Federal y la autoridad electoral brasileña.
JAIR BOLSONARO HA ESTADO VIVIENDO CERCA DE ORLANDO, FLORIDA
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.
Los fiscales del grupo recién formado para combatir actos antidemocráticos alegaron horas antes que, aunque Bolsonaro publicó el video después de los disturbios, su contenido era suficiente para justificar investigar su conducta antes de ellos. El exmandatario lo borró la mañana después de que lo publicó.
Salvo eso, Bolsonaro se ha abstenido de comentar sobre las elecciones desde su derrota el 30 de octubre.
Durante el periodo previo a los comicios, en repetidas ocasiones azuzó dudas acerca de la confiabilidad del sistema de votación electrónica del país, y posteriormente interpuso una solicitud para anular millones de votos emitidos en esas máquinas, y nunca reconoció que perdió.
Bolsonaro ha estado viviendo en un suburbio de Orlando desde que abandonó Brasil a finales de diciembre, y no asistió a la investidura de su sucesor el 1 de enero. Algunos legisladores estadounidenses han pedido al presidente Joe Biden que cancele su visa.
Tras la decisión del juez a última hora del viernes, el abogado de Bolsonaro, Frederick Wassef, dijo en un comunicado que el expresidente “repudia vehementemente los actos de vandalismo y destrucción” del 8 de enero, pero culpó a supuestos “infiltrados” en la protesta, algo que también han afirmado sus partidarios de extrema derecha.
El comunicado también dice que Bolsonaro “nunca tuvo ninguna relación o participación con estos movimientos sociales espontáneos”.
Las autoridades brasileñas están investigando quién le permitió a los simpatizantes radicales de Bolsonaro allanar el Supremo Tribunal Federal, el Congreso y el palacio presidencial en un intento de revocar los resultados electorales de octubre.
Se está examinando el papel de personas que pagaron para transportar a los agitadores a la capital y de personal de seguridad que pudo haberse hecho de la vista gorda y permitir que ocurriera el caos.
Hasta ahora gran parte de la atención se ha centrado sobre Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro, que se convirtió en el jefe de seguridad del distrito federal el 2 de enero y estaba en Estados Unidos el día que ocurrieron los disturbios.
De Moraes ordenó esta semana que Torres sea arrestado y ha abierto una investigación sobre sus actos, los cuales —dijo— se caracterizaron por la “negligencia y la colusión”.
En su decisión, que fue dada a conocer el viernes, De Moraes indicó que Torres despidió a sus subordinados y salió del país antes de los disturbios, un indicio de que estaba preparando el terreno deliberadamente para la agitación.
El máximo tribunal también emitió una orden de arresto para el exjefe de seguridad, y debe regresar a más tardar en tres días o Brasil solicitará su extradición, dijo el ministro de Justicia, Flávio Dino, el viernes.
“Si para la semana próxima no se ha confirmado su presentación, desde luego que utilizaremos los mecanismos de cooperación internacional. Echaremos a andar procedimientos la próxima semana para llevar a cabo su extradición”, manifestó Dino.
Torres ha negado haber cometido delito alguno, y el 10 de enero declaró en Twitter que interrumpiría sus vacaciones para regresar a Brasil y presentar su defensa. Tres días después no lo ha hecho.
El ministro hizo referencia a un documento que la policía federal brasileña halló tras registrar la vivienda de Torres: El borrador de un decreto por el cual se habría tomado el control de la autoridad electoral de Brasil y potencialmente revocado el resultado de los comicios.
Se desconocen el origen y la autenticidad del documento no firmado, y no se sabe si Bolsonaro o sus subordinados hicieron algo para implementar la medida, la cual habría sido inconstitucional, según analistas y la academia brasileña de derecho electoral y político.
Pero el documento “figurará en la investigación policial, porque revela con mayor plenitud la existencia de una cadena de personas responsables de los hechos delictivos”, señaló Dino, añadiendo que Torres tendrá que informar a la policía quién lo redactó.
Al no haber iniciado una pesquisa contra el autor del documento ni reportar su existencia, Torres podría ser acusado de incumplimiento del deber, dijo Mario Sérgio Lima, analista político en Medley Advisors.
Torres dijo en Twitter que el documento probablemente se encontró en una pila destinada a ser triturada, y que se filtró fuera de contexto, alimentando falsas narrativas destinadas a desacreditarle.
Dino les dijo a los reporteros el viernes por la mañana que hasta ahora no se ha establecido un vínculo entre los disturbios en la capital y Bolsonaro.
El exgobernador del distrito federal y el exjefe de la policía militar también son blanco de la investigación del Supremo Tribunal Federal que fue dada a conocer el viernes. Ambos fueron destituidos tras la revuelta.
Por otro lado, las populares cuentas en redes sociales de varios destacados personajes de derecha fueron suspendidas en Brasil el viernes por la noche en respuesta a una orden judicial, que el periodista Glenn Greenwald obtuvo y explicó con detalle en una transmisión en vivo en redes sociales.
La orden, también emitida por el juez De Moraes, estaba dirigida a seis plataformas de redes sociales y establecía un plazo de dos horas para bloquear las cuentas o de lo contrario enfrentar multas. Las cuentas pertenecen a un influencer digital, un YouTuber que recientemente fue elegido legislador federal, un conductor de un podcast, y un pastor evangélico y senador electo, entre otros.
