BOGOTÁ — La detonación de una motocicleta cargada de explosivos en un puesto de control policial de una zona rural al suroeste de Colombia dejó el sábado al menos un muerto y 14 heridos, confirmaron las autoridades.
La explosión ocurrió a las 8:40 a.m. en un puesto de control de la comunidad de Las Peñas, en el municipio de Jamundí, donde los agentes realizaban inspecciones preventivas ante eventuales hechos violentos que pudieran ejecutar grupos armados ilegales, informó a la prensa el coronel Carlos Oviedo, comandante de la policía metropolitana de Cali.
El fallecido es el conductor de la motocicleta, quien al ser requerido en el puesto de control “se asusta” y detona la carga, explicó el coronel Oviedo. Además, siete civiles y siete policías resultaron heridos. Uno de los agentes tiene “pronóstico reservado”, agregó.
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Jamundí, perteneciente al departamento de Valle del Cauca, es considerado una zona estratégica para las estructuras armadas ilegales por sus sembradíos de hoja de coca y porque comunica con el puerto de Buenaventura y otros convulsos municipios. En la zona tiene influencia el grupo ilegal “Jaime Martínez”, integrado por disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016, según las autoridades.
El jefe policial llamó a la comunidad a entregar información que permita evitar “hechos terroristas” por lo cual se ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos (más de 22.000 dólares).
Añadió que hasta el momento se han realizado 21 operativos que permitieron la captura de 35 integrantes de la estructura armada.
La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillos, también se pronunció ante los medios y pidió “respeto por la vida” de los pobladores “que nada tiene que ver con esta guerra absurda”, y envió un mensaje a los perpetradores del atentado: “Basta ya de tanta violencia”.
Además, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la violencia creciente en Jamundí e instó a las autoridades a garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos.
Los ataques con explosivos en contra de militares y policías, que las autoridades atribuyen a las estructuras armadas ilegales que operan en territorio colombiano, no han cesado pese a la puesta en marcha de la política de “paz total” que impulsa el presidente Gustavo Petro y por la cual se adelantan varios diálogos con estos grupos en busca de disminuir la violencia.
