SAN SALVADOR — Un juzgado salvadoreño inició el miércoles el juicio contra el expresidente Mauricio Funes por presuntamente concertar una tregua con las pandillas o maras para reducir la tasa de homicidios del país centroamericano asediado por estos grupos criminales.
Funes, que vive en Nicaragua bajo la protección del presidente Daniel Ortega que en el 2019 le otorgó la nacionalidad nicaragüense para evitar su extradición, no está presente en el juicio en el que también es procesado su exministro de Seguridad, general David Munguía Payés.
Una reforma penal aprobada el 21 de septiembre de 2022 permite realizar juicios con imputados ausentes, por lo que el proceso judicial puede continuar en ausencia.
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Funes enfrenta cargos por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes y, de ser encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta 11 años de prisión, mientras que al general Munguía Payes, que enfrenta los mismos cargos, se le suma el delito de actos arbitrarios y podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión.
Desde Nicaragua, donde vive bajo la protección del presidente Ortega, Funes, que dice ser un perseguido político, negó las acusaciones y las calificó de “ridículas”. “De todos los juicios montados en mi contra este es el más débil de todos. La FGR no ha presentado pruebas de los delitos que me imputa”.
El exmandatario afirmó en su cuenta oficial de Twitter que los negociadores de la tregua no actuaron en representación del gobierno, que su rol no fue negociar concesiones o beneficios y que lo que hicieron fue observar el proceso de tregua que acordaron las pandillas.
Este no es el primer caso de presuntas negociaciones de funcionarios de gobiernos salvadoreños con las pandillas. Investigaciones periodísticas y autoridades de Estados Unidos han acusado al gobierno del presidente Nayib Bukele de también negociar con las pandillas.
El periódico digital El Faro ha publicado sendos reportajes en los que documentan negociaciones de funcionarios de la administración Bukele con las tres principales pandillas de El Salvador y una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra pandilleros de la Mara Salvatrucha, presentada en una corte federal de Nueva York, señala a dos altos funcionarios del gobierno del presidente Bukele por haber negociado con la pandilla una reducción de homicidios a cambio de supuestos beneficios entre los años 2019 y 2021.
Pero ni en El Salvador ni en los Estados Unidos hay una acusación formal que esté dirigida específicamente contra funcionarios del gobierno de Bukele por este tema.
En el juicio contra Funes, la Fiscalía General de la República sostiene que hay intervención a las telecomunicaciones en donde “de forma categórica se habla de los eventos desarrollados en la tregua con las pandillas y que efectivamente existió un acuerdo entre los miembros de las pandillas y el entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payés, con el beneplácito del presidente de la República (Mauricio Funes)”.
Según las acusaciones, los cabecillas fueron sacados de la cárcel de máxima seguridad y enviados a cárceles donde recibían visitas de otros pandilleros en libertad para planear sus actividades criminales.
Además, las autoridades de penales les permitieron el ingreso de todo tipo de electrodomésticos, equipos de sonidos, televisores y que, además, organizaran fiestas con mujeres que entraban y salían sin ningún problema.
Funes se pregunta también que, si la presencia de los observadores en las reuniones con pandilleros fue ilegal, por qué “no han sido acusados los representantes de la OEA, el Obispo Castrense (monseñor Fabio Colindres) que actuó como delegado de la Iglesia Católica o el Comisionado (Mauricio) Arriaza (Chicas) que estuvo como delegado de la PNC (Policía Nacional Civil)”.
Por su parte, el general Munguía Payes, que está presente en la sala de la audiencia, evitó hablar con la prensa y ante el bombardeo de preguntas dijo: “Mis abogados me han recomendado no dar declaraciones, así que me voy a abstener. Ya les dije, por favor, no insistan”.
Ya en la sala, los reporteros insistieron en conocer su opinión del juicio y cuando le preguntaron por su salud y su situación en el centro penal respondió escuetamente “bien, bien”. Miró hacia otro lado mientras sostenía en sus manos esposadas una bolsa plástica con objetos personales, entre ellas, medicamentos.
