Ahora, en medio de protestas, la analizan en los congresos estatales, ya que se requiere el aval de 17 de ellos.
CIUDAD DE MÉXICO — El Senado de México aprobó este miércoles de madrugada una propuesta de reforma al poder judicial, el trámite más difícil que enfrentaba una controversial enmienda constitucional que hará que todos los jueces se elijan en elecciones, un cambio que los críticos temen politice la rama judicial y ponga en peligro la democracia mexicana.
La votación se celebró unas horas después de una irrupción de manifestantes que obligó a la cámara a interrumpir la sesión cuando el partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consiguiera los votos necesarios para aprobar la medida.
La iniciativa se aprobó la semana pasada con facilidad en la cámara baja, donde Morena y sus aliados tienen una amplia mayoría. El Senado era el mayor obstáculo para la propuesta, que requería deserciones de legisladores opositores para salir adelante.
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Uno de esos cambios de posición llegó el martes del opositor Partido Acción Nacional (PAN), cuando un legislador que antes se había posicionado en contra de la reforma pidió una baja médica y su padre, un exgobernador, sugirió que votaría a favor. El legislador regresó a su escaño para dar a la propuesta el último voto que necesitaba.
El Senado votó la iniciativa dos veces con idéntico resultado de 86-41, la segunda votación en torno a las 4 de la madrugada. La cámara estalló en vítores y cánticos de celebración.
La propuesta necesita ahora la ratificación de las legislaturas de 17 de los 32 estados de México. Se cree que el partido en el gobierno tiene el apoyo necesario tras sus buenos resultados en elecciones recientes.
El martes por la noche, apenas unas horas después de que Morena pareciera haber conseguido los votos necesarios, manifestantes con tuberías y cadenas irrumpieron en la cámara. Al menos una persona se desmayó.
Los inconformes dijeron que los legisladores no estaban escuchando sus demandas. Ingresaron ondeando banderas de México y pancartas en contra de la reforma, y algunos senadores de la oposición se les sumaron mientras gritaban consignas dentro de la cámara del Senado. Afuera del recinto, otros estallaron en júbilo cuando los noticieros anunciaron que el Senado tomaría un receso.
Entre ellos se encontraba Alejandro Navarrete, un empleado del poder judicial de 30 años de edad, quien dijo que personas como él que trabajan en los tribunales acudieron para exigir al Senado que rechace la propuesta “sabiendo el peligro que presenta la reforma”.
“Decidieron traicionar a su nación y venderse por cualquier capital político que les ofrecieron, nos sentimos obligados a entrar al Senado”, dijo mientras ondeaba una bandera de México. “Nuestra intención no es violentar, no pretendemos lastimarlos. Pero pretendemos dejar establecido que la sociedad mexicana no va a permitir que nos lleven rumbo a una dictadura”.
Pero poco después, el Senado volvió a reunirse en otro lugar y retomó el debate sobre la propuesta. La primera votación a favor llegó poco después de la medianoche.
Empleados judiciales y estudiantes de derechos han protestado contra el proyecto durante semanas.
Detractores y analistas afirman que la medida, la cual haría que los jueces sean elegidos por voto popular, pone en riesgo la independencia judicial y representa un duro golpe para el sistema de contrapesos del gobierno.
López Obrador —un populista que ha tenido marcadas diferencias desde hace tiempo con los organismos reguladores independientes, que ha ignorado fallos judiciales y lanzado fuertes críticas contra jueces— asegura que su plan acabaría con la corrupción al facilitar sancionar a los magistrados. Sus detractores afirman que la medida perjudicará al poder judicial, llenará las cortes con jueces afines al partido en la presidencia y permitirá que cualquier persona con un título en derecho se convierta en juez, e incluso facilitaría que políticos y delincuentes puedan influir en los fallos del tribunal.
La propuesta ha generado preocupación entre los inversionistas e incluso el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se refirió al plan como un “riesgo” para la democracia y una amenaza económica.
