La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, presidida por el representante Joel Franqui Atiles, inició el lunes el estudio del Proyecto de la Cámara 138, para crear la “Ley para la prohibición del uso del glifosato en el desyerbado de autopistas, carreteras, avenidas, calles y caminos estatales o municipales, canales de riesgo y cualquier propiedad pública”.
La legislación, de la autoría del representante Denis Márquez Lebrón, busca eliminar el uso del glifosato en las entidades gubernamentales, siendo uno de los herbicidas más utilizado y a su vez, polémico. El interés es que “el Estado no continúe actuando, a conciencia, como un agente que contribuye a la exposición de la ciudadanía a un probado elemento tóxico”.
El Proyecto de la Cámara 138 fija que cualquier persona que viole esto incurrirá en un delito menos grave y conllevará una multa no menor de cinco mil dólares o una pena de cárcel de seis meses.
A esta audiencia pública compareció el secretario del Departamento de Agricultura (DA), Carlos Flores Ortega, quien reconoció en comunicación escrita que existe “cierta preocupación por el sobreuso de este producto en Puerto Rico”.
Sin embargo, el secretario mostró reservas en la aprobación de la medida, ya que “prohibir el uso de este producto en propiedades públicas tendría consecuencias de impedir cultivos agrícolas” y podrían verse afectadas las investigaciones en las Estaciones Experimentales y los cultivos en fincas de propiedad pública.
Como parte de las recomendaciones, Flores sugirió a que “se reenfoque y se enfatice” la educación y se oriente sobre el uso apropiado de glifosato y otros plaguicidas en vez de la prohibición del uso.
De igual forma, expuso sus comentarios el doctor Wilfredo Robles, catedrático y decano asociado de la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico (UPR), quien mencionó que se “debe tener mucho cuidado con estas determinaciones de la Agencia Internacional contra el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) y repensar por qué la comunidad científica y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no apoyan dicha determinación”. Esto, en referencia a los recientes informes de la European Food Safety Authority (EFSA) y del World Health Organization (WHO) que contradicen la determinación de la IARC que cataloga dicho producto como una sustancia probablemente carcinogénica a los humanos.
Noticias Destacadas
En el turno de preguntas, el presidente de la Comisión indagó referente a los herbicidas que utilizan en Puerto Rico y les solicitó a los Funcionarios que entreguen en diez días a la Comisión una lista de los productos que están permitidos en Puerto Rico con sus precios.
El autor de la medida, el representante Márquez Lebrón, manifestó preocupación por el vínculo del glifosato con las enfermedades como el cáncer, y de la constancia sobre el uso indiscriminado del mencionado químico. “Esto es una preocupación de mucha gente en Puerto Rico… Yo no radico legislación porque me da la gana, es porque tengo una preocupación sobre el tema”, añadió el legislador y portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Por su parte, el Secretario del DA aseguró que como agencia no promueven ningún plaguicida, pese a que a través del Laboratorio Agrológico del DA se regula la venta y el uso de estos en la Isla. Esto, a preguntas del representante Jesús Manuel Ortiz González.
Seguido, la licenciada Miriam Stefan, ayudante especial de Asuntos Legislativos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), respaldó la legislación por tener la intención de “proteger la salud y el medio ambiente”.
La Licenciada afirmó que, de aprobarse el proyecto de ley, tomarán las medidas necesarias para velar el fiel cumplimiento, tanto por parte de las brigadas como de los contratistas que prestan servicios para el mantenimiento de áreas verdes.
Antes de finalizar la vista pública, el Presidente de la Comisión adelantó que citará a finales septiembre al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Colegio Médicos Cirujanos, Asociación de Agricultores y las dos organizaciones que agrupan a los alcaldes, entre otras.
